Acciones Constitucionales (Tutela)
Presentación y defensa de acciones de tutela para la protección de derechos fundamentales (salud, petición, mínimo vital, debido proceso) frente a entidades públicas y privadas.
Alcance de la Práctica en Acciones Constitucionales (Tutela)
La acción de tutela (Artículo 86 de la Constitución Política y Decreto 2591 de 1991) es el mecanismo más poderoso para salvaguardar de forma inmediata derechos fundamentales vulnerados o amenazados por autoridades públicas o particulares. Interponemos tutelas estratégicas, impugnaciones y trámites de desacato para asegurar fallos de obligatorio cumplimiento.
¿Cómo podemos ayudarle?
Abordamos integralmente las principales controversias y requerimientos en materia de Acciones Constitucionales (Tutela):
Derecho a la Salud y Suministro de Medicamentos / Tratamientos
Órdenes judiciales inmediatas a EPS e IPS para cirugías urgentes, fármacos no PBS, tratamientos oncológicos y transporte médico.
Debido Proceso y Defensa en Actuaciones Administrativas
Tutelas contra providencias judiciales arbitrarias (vías de hecho) y vulneraciones procesales ante entidades del Estado.
Protección al Mínimo Vital y Pensiones
Amparo constitucional para el pago urgente de mesadas pensionales retenidas o licencias de maternidad a personas en vulnerabilidad.
Estabilidad Laboral Reforzada en Vía de Tutela
Reintegro inmediato al puesto de trabajo para personas despedidas en situación de debilidad manifiesta o tratamiento médico.
Derecho de Petición y Acceso a la Información Pública
Acción de tutela contra entidades que omiten responder oportunamente solicitudes ciudadanas (Ley 1755 de 2015).
Incidentes de Desacato e Impugnación de Fallos
Sanciones de arresto y multa contra funcionarios que desobedecen sentencias de tutela, y recursos de impugnación en segunda instancia.
Nuestro enfoque de trabajo
Garantizamos un estándar metódico en 5 etapas para asegurar la máxima efectividad jurídica:
Verificación de inmediatez y subsidiariedad
Evaluación de la gravedad del perjuicio irremediable y plazos de interposición oportunos.
Recolección de pruebas clínicas o documentales
Sustentación probatoria rigurosa de la vulneración con historias clínicas, peticiones o actos administrativos.
Redacción y radicación constitucional
Planteamiento normativo con jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional y solicitud de medida cautelar provisional.
Fallo de tutela en 10 días
Monitoreo permanente del término perentorio de diez (10) días hábiles fijado al juez constitucional.
Cumplimiento forzoso o incidente de desacato
Exigencia inmediata de cumplimiento o apertura de trámite sancionatorio si la entidad requerida es renuente.
Preguntas Frecuentes en Acciones Constitucionales (Tutela)
Respuestas orientativas a dudas recurrentes de nuestros clientes.
Por mandato constitucional perentorio (Art. 86 CP), el juez de tutela cuenta con un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles para proferir sentencia de primera instancia, desde el momento de la radicación.
Es una orden cautelar urgente que el juez puede dictar desde el primer día de admisión de la tutela para suspender la vulneración o evitar un daño irreparable inminente (por ejemplo, ordenar una cirugía vital o entrega inmediata de un medicamento antes de que se dicte la sentencia final).
Se debe interponer un Incidente de Desacato ante el mismo juez que profirió la orden. El desacato puede conllevar sanciones de arresto de hasta seis (6) meses y multas de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales para los directivos responsables.
Sí. La tutela procede contra particulares cuando están encargados de la prestación de un servicio público (salud, educación, servicios públicos), cuando su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.